La titular de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), Keila Gramajo Vilchez, expuso a detalle todo el proceso que conllevó la formulación de la Política Pública de Protección a la Vida y la Institucionalidad de la Familia 2021–2032, cuyo lanzamiento se hizo durante un acto realizado este día en el Palacio Nacional de la Cultura.
En el evento participaron el presidente de la República, Alejandro Giammattei, la ministra de Educación, Claudia Ruiz, el gabinete de gobierno, representantes de la sociedad civil, academia, organizaciones religiosas y cooperación internacional.
Esta política se presentó como un instrumento sistémico y orientador para atender la problemática relacionada hacia la protección a la vida desde su concepción, asociada a sus etapas prenatal y primera infancia, niñez y adolescencia, juventud, adultez y adultez mayor para que de manera coordinada, armonizada, focalizada y priorizada se fortalezca la institucionalidad pública para el abordaje de dichos temas.
Tiene como propósito garantizar el bienestar y protección de la vida y la institucionalidad de la familia, en todas las etapas indicadas y el conocimiento y cumplimiento de sus derechos, desde la normativa vigente en el país.
Gramajo explicó el proceso que conlleva la formulación de una política pública, los criterios que se deben tomar en cuenta para definir si la solución de un problema amerita una política pública o se puede resolver mediante otros mecanismos, sus distintas fases, antecedentes y cómo se define el ente rector, que en el caso de la nueva política es el Ministerio de Educación Pública (Mineduc).
En esencia, el proceso metodológico para la formulación de las políticas en el país pasa por cuatro etapas:
1. La formulación
2. La validación y aprobación
3. La implementación
4. La evaluación para poder medir si tuvieron el impacto que se había planificado.
La nueva política ha pasado ya las etapas de formulación, validación y aprobación, y entró en la fase de la implementación.
Para el efecto se contó con la participación de 21 asociaciones que integran a más 30 mil personas y que tienen la representación de más del 90 por ciento de la población. Asimismo 40 organizaciones y universidades, entre ellas la Panamericana, Da Vinci y de Occidente, acotó.
Agregó que SEGEPLAN como ente rector de la panificación del Estado de Guatemala aporta las orientaciones contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo y acompaña los procesos de elaboración de las políticas públicas en sus distintas fases.
Estos esfuerzos, añadió, buscan institucionalizar los procesos de planificación para el desarrollo, vincularlos a metas que tengan indicadores cuantitativos, que tengan una expresión presupuestaria y que puedan verse reflejadas en acciones concretas operativizadas desde la Política General de Gobierno 2020-2024.
La funcionaria explicó también que las políticas públicas son espacios de diálogo con actores claves en el territorio para conocer de primera voz las dificultades que hay sobre alguna situación o alguna problemática, por lo que es importante entender y analizar estos problemas desde el territorio, donde se sitúan las condiciones de vida que afectan a la población.
Antecedentes
Gramajo Vilchez recordó que, en marzo de 2021, el Ejecutivo creó el Comité Técnico para la Protección de la Vida y la Institucionalidad de la Familia, bajo el Acuerdo Gubernativo Número 45-2021, integrado por los ministerios de Gobernación; Educación; Desarrollo Social; Agricultura, Ganadería y Alimentación; Salud Pública y Asistencia Social y las secretarías de Planificación y Programación y de Bienestar Social.
Este comité fue el responsable de analizar la propuesta de la Política Pública de Protección a la Vida y la Institucionalidad de la Familia. La semana pasada se oficializó la política, por medio del Acuerdo Gubernativo Número 149-2021, publicado en el Diario Oficial.